Un Pacto Global sobre los derechos de las personas migrantes

“Regular las migraciones” no debe significar impedir y criminalizar a las personas migrantes. En espacios regionales e internacionales promovemos modelos alternativos que garantizan sus derechos.

En la ONU se está debatiendo un Pacto Global para las migraciones que se adoptará en 2018. Esto ocurre mientras cientos de miles de personas arriesgan sus vidas para migrar en un contexto de políticas restrictivas y controles fronterizos que priorizan la seguridad nacional. Si bien hay países con leyes centradas en los derechos de los migrantes, sobre todo en América del Sur, el escenario internacional en general es desalentador. Diversas organizaciones estamos trabajando para enfrentar, y cambiar, esta realidad en el plano nacional y desde los foros internacionales.

Ayer en Ginebra especialistas de la ONU y representantes de organizaciones sociales analizamos estrategias para implementar los estándares internacionales en materia de los derechos de los migrantes y compartimos experiencias positivas a nivel nacional. En el encuentro que coorganizamos en el marco de las sesiones temáticas sobre el Pacto Global, se destacaron los cuatros ejes de la Ley de Migraciones argentina: la igualdad de derechos entre los migrantes y los ciudadanos, la promoción de la regularización migratoria, el debido proceso y el principio de no detención. Esta legislación inspiró reformas parecidas en Uruguay, Bolivia y, más recientemente, Brasil. También se habló de iniciativas locales para apoyar a las personas migrantes y facilitar su regularización, como por ejemplo en la ciudad de San Pablo.

Desde hace años el CELS viene trabajando en alianza con otras organizaciones para incidir en los estándares y debates internacionales. El marco para elaborar un Pacto Global intergubernamental y sin precedentes sobre las migraciones se estableció en laDeclaración de Nueva York, adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado en una  Reunión de Alto Nivel. Gracias en parte a los aportes de nuestras organizaciones, los Estados se comprometieron a revisar las consecuencias negativas de sus políticas migratorias e incorporaron a la regularización en la agenda del Pacto Global.

Sin embargo, muchos aspectos de la Declaración de Nueva York contradicen los estándares internacionales en derechos humanos, por ejemplo al permitir la detención de niños y niñas. Es muy importante que los Estados reconozcan que las políticas restrictivas son una causa estructural de la irregularidad migratoria y que el acceso a la documentación nacional es esencial para el ejercicio efectivo de los derechos. Todavía estamos lejos de este objetivo.

Junto con actores sociales de Brasil, Chile y México, llevamos a los debates globales nuestras experiencias concretas y los estándares que se han logrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además del trabajo de incidencia con los Estados, forjamos una alianza estratégica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y estamos participando activamente en la elaboración de principios y directrices para la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. También colaboramos con la Relatoría de Migrantes de la ONU, que está preparando su propios aportes para el proceso del Pacto Global.

Los esfuerzos para centrar la política migratoria en la protección de los derechos humanos de los migrantes son más necesarios que nunca. Y es esencial la participación de una base amplia de actores, con experiencia en terreno y legitimidad a nivel nacional.